Después de que el Departamento de Justicia dijera que iniciaría una investigación sobre el estado de la competencia entre las aerolíneas, las industrias de las aerolíneas y de viajes criticaron la medida por considerarla motivada políticamente.
Meghna Maharishi
El Departamento de Justicia anunció el jueves que lanzaría una «amplia investigación pública» sobre el estado de la competencia en los viajes aéreos: la segunda investigación del gobierno sobre la industria aérea en apenas los últimos dos meses.
La agencia dijo que estaba buscando información pública sobre consolidación, conducta anticompetitiva y problemas que afectan la disponibilidad y asequibilidad de las opciones de viajes aéreos.
El Departamento de Justicia también emitió un extenso cuestionario que abarca todo, desde programas de fidelización hasta el mercado laboral.
«Con esta investigación, esperamos aprender más de las empresas y viajeros en el centro de esta industria esencial», dijo el Fiscal General Adjunto Jonathan Kanter de la División Antimonopolio del Departamento de Justicia. «Sus comentarios garantizarán que el Departamento de Justicia pueda continuar aprovechando sus esfuerzos históricos para proteger la competencia en los viajes aéreos».
El Departamento de Justicia dijo que el público tiene 60 días para enviar comentarios sobre la investigación.
El mes pasado, el Departamento de Transporte anunció que iniciaría una investigación sobre los programas de fidelización de las cuatro aerolíneas más grandes, examinando si estos programas han incurrido en prácticas desleales, engañosas o no competitivas.
Las industrias de aerolíneas y viajes consideran que las investigaciones tienen ‘motivaciones políticas’
Las industrias de las aerolíneas y de los viajes criticaron el anuncio del Departamento de Justicia, ya que se produjo menos de dos semanas antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos.
Airlines for America, un grupo comercial que representa a la mayoría de las principales aerolíneas estadounidenses, dijo que la investigación sugería «amplias motivaciones políticas».
«La industria aérea estadounidense nunca ha sido más competitiva, y la extralimitación regulatoria de esta administración ha perjudicado desproporcionadamente a las ULCC y ha puesto en desventaja a aquellos que menos pueden permitirse viajar en avión», dijo A4A en un comunicado. «Esperamos compartir con el gobierno sus propios datos que muestran cuán competitiva es la industria».
La Asociación de Viajes de Estados Unidos también dijo que creía que había motivaciones políticas involucradas en la investigación.
«El anuncio de hoy de los Departamentos de Transporte y Justicia de que lanzarán ‘amplias investigaciones’ sobre las prácticas comerciales de las aerolíneas es otro de una larga lista de trucos políticos decepcionantes», dijo la Asociación de Viajes de Estados Unidos en un comunicado.
Una máxima prioridad para la administración Biden
Regular las prácticas de los consumidores en la industria aérea ha sido una de las principales prioridades de la Administración Biden, pero no está claro cuál sería el resultado de la investigación del Departamento de Justicia a sólo dos semanas del día de las elecciones.
En las últimas décadas, la industria aérea estadounidense se ha consolidado fuertemente debido a fusiones como American-US Airways, Delta-Northwest, United-Continental y Southwest-AirTran.
Ahora, American, Delta, United y Southwest dominan alrededor del 80% del mercado estadounidense.
La Administración Biden ha adoptado una postura más dura hacia la consolidación de la industria. Presentó una demanda exitosa para bloquear la fusión JetBlue-Spirit y deshacer la Alianza del Noroeste. Si bien el DOT aprobó la fusión Alaska-Hawai el mes pasado, lo hizo después de obtener un conjunto de protecciones al consumidor por parte de las dos compañías.
También ha tomado medidas enérgicas contra las aerolíneas con fuertes multas por crisis y violaciones de los derechos civiles. El DOT multó a Southwest con 140 millones de dólares por su crisis navideña de 2022 y American recibió una multa de 55 millones de dólares a principios de esta semana por violaciones de las normas de discapacidad.
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