Asonahores no ha tomado posición sobre Bahía de las Águilas

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Arturo Villanueva, vicepresidente ejecutivo de Asonahores.Santo Domingo. La Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) no ha tomado ninguna decisión sobre el plan del Gobierno para poner fin al litigio por los terrenos de vocación turística de la provincia de Pedernales, ubicado en el entorno del Parque Nacional Jaragua y Bahía de las Águilas, en la región sur del país.

El vicepresidente ejecutivo de la entidad, Arturo Villanueva, afirmó que es posible que la información que ha circulado dando cuenta de la posición de  Asonahores se originara en una mala interpretación de las declaraciones ofrecidas a reporteros de un canal de televisión el pasado sábado durante el acto de inicio de los trabajos del proyecto Playa Grande en Rio San Juan.

 

El empresario hotelero informó que en ese momento planteó que lo de Pedernales es una decisión del Poder Ejecutivo sobre la titularidad de terrenos en busca de impulsar el desarrollo turístico de Pedernales que en su momento habrá que evaluar.

Villanueva explicó que Asonahores no puede tomar decisión sobre un tema sobre el cual sus  directivos y su junta de directores no están debidamente informados. “La Asociación no conoce los detalles y sólo tiene las limitadas informaciones difundidas por los medios de comunicación”, dijo.

Informó que la reunión ordinaria de la Junta de Directores correspondiente a febrero está convocada para este jueves y es posible que el tema se incluya en la agenda y decidirá si toma posición al respecto.

El Gobierno ha anunciado la decisión de desarrollar el turismo en la región Enriquillo del sur de la República Dominicana, compuesta por Pedernales, Barahona y Bahoruco, para lo cual llegó a un acuerdo con personas que tienen títulos –cuya procedencia es cuestionada por las autoridades-  en zonas de Pedernales, que es muy atractiva para el ecoturismo.

El acuerdo anunciado por el Gobierno contempla una negociación para incluir esos títulos en un fideicomiso y los recursos que se obtengan de la venta de los terrenos el 45% será para los supuestos propietarios y el 55% para el Estado dominicano, pero esto es cuestionado por amplios sectores del país que rechazan la transacción, ya que se estaría premiando a gente que ha logrado títulos a través de procesos cuestionados y prevén que se afecte el medio ambiente, porque  muchos de los terrenos estarían en áreas protegidas.

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