MADRID, España. La huelga de los controladores aéreos, que el pasado fin de semana sumió al país en un caos sin precedentes, ya que obligó a cerrar prácticamente todo el espacio aéreo durante casi dos días, ha terminado con la militarización de los centros de control de los aeropuertos civiles.
La medida fue adoptada luego de que el gobierno de José Luis Zapatero decidiera decretar el “estado de alarma”, una medida que han aplaudido unos y criticado otros, pero gracias a la cual se logró regresar a la normalidad y miles de pasajeros han logrado tomar vuelos hacia sus respectivos destinos.
El paro se produjo justo en el inicio de uno de los puentes festivos más largos que se celebran en España, y obligó a la cancelación de 4.300 vuelos en dos días, dejando varados a unos 600.000 pasajeros en los aeropuertos. Esto ha dejado pérdidas a las aerolíneas valoradas en unos 80 millones de euros y el sector turístico las ubica en unos 250 millones.
Teniendo muy en cuenta esas pérdidas, y la mala imagen de España que este episodio increíble ha generado en el mundo, el domingo en la mañana, después de dar a conocer que se volvía poco a poco a la normalidad en los aeropuertos, el ministro de Fomento, José Blanco declaró: “Ahora toca hacer justicia. El comportamiento altamente irresponsable de los controladores no puede quedar impune y AENA va a aplicar las sanciones oportunas”. En ese sentido, anunció que ya se habían abierto expedientes disciplinarios a 442 controladores.
Blanco reiteró las disculpas del Gobierno a los ciudadanos por lo sucedido y les aseguró que no permitirá que suceda de nuevo, detalla un cable de AFP, y horas antes, el vicepresidente primero del Ejecutivo, Alfredo Pérez Rubalcaba, afirmaba en la radio Cadena Ser que «habrá unas Navidades tranquilas en los aeropuertos”, debido a que no se permitirán huelgas ya anunciadas por otros colectivos de ese sector.
Estado de alarma
El estado de alarma decretado por el gobierno, que no se aplicaba en el país desde la vuelta a la democracia tras la muerte del dictador Francisco Franco, en 1975, estará vigente por 15 días, “durante los cuales los controladores están sometidos al código penal militar”, según ha afirmado Rubalcaba.
Ello supone que este colectivo, «en caso de no asistir al trabajo, estaría incurriendo en un delito de desobediencia tipificado en el código penal militar».
«Si es necesario prorrogar el estado de alarma, lo haremos», advirtió el vicepresidente primero del gobierno, y reiteró que «no va a haber problemas en nuestros aeropuertos ni en navidades ni después de navidades»: «Vamos a aplicar la ley con firmeza y con determinación», avisó.
Al ser cuestionado sobre lo planteado en muchos medios, de “que aprobar el nuevo decreto sobre los controladores antes del puente de la constitución fue un error”, Rubalcaba lo negó categóricamente, “sin el decreto habría habido problemas durante el puente que se habrían agudizado en Navidad”.
Además, dijo que «lo de los controladores es una historia vieja de un colectivo que ha sometido a chantaje muchas veces a los españoles y que consagró sus derechos en un convenio de 1999 (bajo Gobierno del PP)».
El tema en debate se refiere a que al parecer los controladores decidieron tomar una vez más venganza contra el gobierno, luego de que este aprobara el viernes por la mañana un decreto que establecía sus nuevos horarios, y que según ellos, les obliga a trabajar más horas. Sin embargo, lo terrible es que asumieran esa “actitud de protesta” sin aviso alguno, afectando con ella a todo un país.
Rubalcaba denunció que los controladores ejercen una «especie de monopolio laboral» por el que «están sometiendo al conjunto de los ciudadanos para defender un conjunto de privilegios» que calificó de «intolerables». «No podemos aceptar (…) el chantaje al conjunto de los ciudadanos y al gobierno. Lo más parecido a una huelga salvaje que existe», dijo.
