Santo Domingo. Entre el ambiente y el turismo hay una relación de ambivalencia. Si bien el turismo puede degradar el ambiente, también tiene el potencial de conservarlo y hasta fortalecerlo. En nuestro país, sin embargo, tal disyuntiva resulta muy preocupante por la destartalada situación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), el principal recurso con que cuenta el país para diversificar su producto turístico. Sus problemas son tan acuciantes que no sólo previenen una conservación efectiva, sino que además conspiran contra el desarrollo turístico.
La gravedad del asunto lo sugiere el hecho de que hoy día la nación cifra en el turismo sus mayores expectativas de desarrollo económico. Ya que las áreas protegidas (AP) permitirían crear ofertas complementarias a las de sol y playa, una necesidad que señalan reiteradamente nuestros suplidores de turistas (touroperadores), la armonización entre el turismo y las AP es de máxima prioridad. Si por razones de su abandono o por una concepción errada de su manejo, las AP no sirven al desarrollo turístico sostenible, entonces nos debemos olvidar de alcanzar los 10 millones de turistas en el plazo propuesto por la nueva Administración.
En efecto, los problemas del SINAP claman a gritos por una rápida y efectiva atención. El primero tiene que ver con su definición y cobertura. Las definiciones de la Ley Sectorial de Áreas Protegidas No.202-04 se reputan como plagadas de errores y deben enmendarse. La Academia de Ciencias hizo (2004) un informe al respecto donde señala sus incongruencias y desmanes (http://www.foroap.net.do/documentos_foro/lsap/c3f569_INFORME%20ACADEMIA %20CIENCIAS %20LSAP,% 20FINAL%2029-7-04.pdf). Posteriormente, un amplio «Comité de Reforma» de la ley celebró reuniones que no han producido los resultados esperados.
Con ayuda del PNUD ahora se trabaja en un «proyecto de reingeniería» del SINAP que debe armonizarse con el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial que ordena la Ley 64-00. Pero los resultados, programados para el 2014 (ver http://www.pnud.org. do/ proyectos/energiaymedioambiente/71567), no serán validos hasta tanto una nueva legislación los oficialice. Mientras, la actual situación se presta a que el Ministerio de Medio Ambiente deseche proyectos que bien pudieran ser aprobados, conculcando así derechos de propiedad y frustrando a inversionistas calificados. Los más lamentables ejemplos son los que tienen que ver con las llamadas «zonas de amortiguamiento» de las AP.
En cuanto a cobertura, según técnicos del Ministerio Ambiente existen 123 áreas protegidas que cubren un 30% del territorio nacional (aunque para otros alcanza un 53%: http://www.dominicanaonline.org/diccionariomedioambiente/es/verInformacion.aspx?id=1154). El hecho de que Costa Rica tenga solo el 25.1% de su territorio bajo protección (http://www.inbio.ac.cr/estrategia/Estudio_2004/Paginas/esfuerzos_conservar01.html) y Ecuador solo un 19% sugiere que en nuestro país nos podríamos estar pasando de la raya. En vista de que desde el 2004 a la fecha se han creado unas 37 nuevas AP se puede concluir que ahí hay una hemorragia similar a la de creación de municipios y distritos municipales.
Pero la cantidad de AP y su territorio no serian problemáticos si el manejo y usufructo de las mismas fueran racionales (ver http://www.turismocdct .org/images/stories/documents/Valoracin%20econmica%20del%20turismo%20RD%20mar 2010%20Draft%20Final.pdf). Lamentablemente, menos de un 20% de las AP disponen de planes formales de manejo y algunos de los existentes no se aplican o se aplican muy deficientemente. El grueso de las AP y su territorio es protegido solo en el papel y los depredadores de sus recursos campean por sus fueros con poco control. El Ministerio Ambiente no dispone de los recursos, ni financieros ni de otra índole, para cumplir su papel de vigilante adecuadamente.
El Plan Maestro del SINAP 2010-2030 busca corregir el problema de la precaria sostenibilidad financiera y la reingeniería en curso se orienta hacia ese objetivo. Pero el Plan no se esta ejecutando como debería y, aunque el 90% de los visitantes que reciben las AP son extranjeros, aun las más visitadas carecen de las facilidades y servicios que demanda la clientela extranjera. De nada vale tener AP de fina estampa si no la hacemos capaces de generar su propio sustento, desarrollando sus capacidades y aprovechando su potencial económico. Encontrar un equilibrio entre conservación y uso es donde reside uno de los principales escollos para la armonización entre las AP y el turismo.
Otro gran problema que confronta el SINAP, el cual también afecta su potencial de uso turístico, es el de la propiedad. Según algunos analistas, más del 70% de su territorio pertenece a entes privados. El embrollo de reconocer los derechos de propiedad o confiscar esos terrenos para hacer del SINAP una realidad «inembargable, imprescriptible e intransferible» es de marca mayor. Según la legislación vigente, el Estado debe compensar a los propietarios cuyos terrenos les sean confiscados. Pero en este país las compensaciones de ese tipo son raras veces honradas. Ningún inversionista con dos dedos de frente querrá invertir en unos terrenos con ese limbo, amen de que la propalada «inviolabilidad» de las AP les nubla la razón a algunos ambientalistas y le cierra caminos al turismo.
Esto último constituye otro grave reto que hace daño a los mejores intereses de la nación. El lobby ambientalista pretende que las AP sean enajenables, como lo manda el Articulo 16 de la Constitución. Pero tal pretensión desconoce el hecho de que la misma Constitución establece la manera en que el SINAP puede redefinirse y los que osan contradecir el dogma de que son intocables sufren el escarnio de un puñado de despistados protectores. El reto no es el de mantener intacto al SINAP sino el de aprovecharlo bien para hacerlo sostenible y para que no perjudique la suerte de los que viven en pobreza y pudieran beneficiarse de el.
Un SINAP «real» seria la mejor garantía a la sostenibilidad del desarrollo nacional. También seria una magnifica herramienta para perpetuar nuestra competitividad turística y ayudar a conseguir la meta del nuevo gobierno de los 10 millones de turistas. Por eso es deseable que la estrategia de conservación del SINAP se base en gran medida en su explotación turística. El presidente Danilo Medina ha planteado que el objetivo es recibir 10 millones de turistas. Publicado por Juan Llado, en Diario Libre.
