A través de una videodenuncia mediática del Grupo Jaragua, el pueblo de Pedernales comienza a enterarse, a cuentagotas, de la advertencia de esta ONG al Gobierno sobre la supuesta falta de estudio de impacto ambiental para la readecuación del muelle de embarque de bauxita de Alcoa Exploration Company (1957), en Cabo Rojo, para convertirlo en puerto de cruceros, el cual –cree- provocará una especie de apocalipsis ecológico.
Sin embargo, el tema sobre esta obra de 98 millones de dólares ya ha sido posicionado en la agenda setting de los medios citadinos, a 307 kilómetros de la provincia del extremo sudoeste, la dueña de los recursos.
Inaceptable indelicadeza la exclusión de los pedernalenses como principales dolientes.
Quizá GJ tenga todas las razones del mundo en sus argumentos; toca a las autoridades responderle, y mejor si rápido y preciso.
Pero la ruta escogida para exponer su posición, de entrada, le quita contundencia y, a mucha gente, hace pensar en lo peor.
Porque ha despreciado la participación de las fuerzas sociales de la provincia, pese a que debieron de ser las primeras en escuchar tales consideraciones y expresar sus opiniones.
El sentido común aconsejaba esa estrategia, hasta para construir legitimidad comunitaria, que ninguna o muy poca tiene en la provincia que anida el parque nacional Jaragua.
Nomás este jueves 29 de septiembre, sus representantes han viajado al pueblo para una “vista pública”, pero bajo la presión de una improvisada convocatoria a paro.
El audiovisual en cuestión ha seguido a una carta con la misma advertencia sobre el presagio de cataclismo ecológico, que había sido enviada el 15 de septiembre de este año al ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Mimarena), Miguel Ceara Hatton.
En ella especifica que Cabo Rojo tiene uno de los mayores complejos arrecifales y extensos pastos marinos. Y afirma que estos lugares sirven de hábitat a numerosas especies en peligro de extinción.
Excelente
Pero, así como denuncia que no se ha hecho el EIA para esta terminal que -según el presidente Luis Abinader– comenzaría a recibir turistas el 23 de diciembre de 2023, asimismo debió, primero, ir a Pedernales y socializar sus pareceres con la gobernadora, alcaldes, directores distritales, senador, diputados, organizaciones de la sociedad civil, clúster turístico, hoteleros particulares, dueños de restaurantes, gremios, iglesias, clubes, pedernalenses ausentes y otros expertos en el tema.
Optó, sin embargo, por el escenario de la urbe capitalina para airear sus criterios y construir corrientes de opinión favorables de espaldas a las fuerzas sociales de aquella comunidad del extremo sudoeste del territorio nacional, empobrecida hasta el tuétano, ahora escenario de un proyecto de desarrollo turístico con alianza público-privada.
Con esa actitud, GJ se deslegitima. Realmente. Porque, allá, quizá no sea un perfecto desconocido, pero sí un perfecto repudiado.
Y son muchas las razones. Van desde considerar objeto a sujetos del proceso, pasando por su tibieza o silencio respecto del empobrecimiento progresivo de la región Enriquillo (Barahona, Baoruco, Independencia y Pedernales), y el uso non sancta del parque y las playas Blanca, Mosquea y otras por mafias locales e internacionales, hasta la falta de integración a la provincia siquiera para explicar cuán pertinente es su importante rol.
El GJ fue fundado en 1987 con el objetivo de promover el manejo sostenible de la biodiversidad de La Española, dice su home page. Tres años después se convirtió en la primera ONG en asumir un acuerdo de co-manejo de un área protegida con el gobierno dominicano.
Se refiere al parque nacional Jaragua, en la provincia Pedernales, una de las áreas protegidas más importantes del Caribe insular.
A partir de la creación de la Reserva de Biosfera Jaragua-Baoruco-Enriquillo, en 2002, el parque pasa a ser una de sus zonas núcleos, así que la ONG amplía su área de trabajo a toda la reserva, que incluye el parque nacional Sierra Baoruco, parque nacional Lago Enriquillo, Reserva Biológica Charco Azul y parque nacional La Gran Sabana.
El Jaragua ocupa la porción sur del procurrente Barahona, en el límite suroeste de la República Dominicana con Haití (provincia Pedernales). Incluye en sus límites a las islas Beata y Alto Velo, y los cayos Los Frailes y Piedra Negra. Tiene 1,536 km cuadrados de extensión.
Es decir, es un territorio primero de los pedernalenses. Y a ese pueblo hay que rendirle cuentas primero. Y hay que discutir con él sobre los riesgos medioambientales si los hubiera, porque -al final- sería el primer impactado por el presagiado desastre ecológico.
Entendible entonces la aprensión de la comunidad ante las acciones del GJ. Y más ahora cuando -por primera vez- la gente ve hechos concretos sobre el proyecto de desarrollo turístico y percibe la cercanía de la sepultura de sus viejas carencias económicas.
Es que GJ ha puesto reparo para la ampliación de la carretera Enriquillo-Pedernales; reparos para la construcción del aeropuerto internacional en Manuel Goya, Oviedo; reparos para el proyecto hotelero frente a la playa Cabo Rojo; reparos a la construcción de la carretera por la ruta de los colonos, para conectar a la región Enriquillo por la sierra, y ahora reparos a la readecuación del muelle que durante más de medio siglo ha recibido grandes barcos para cargar bauxita, gravilla y otros productos contaminantes.
La pregunta queda en el aire: ¿Qué hacemos con Pedernales y su gente, entonces? ¿Un santuario para disfrute de los de afuera, pero con procesiones permanentes de muertos-vivos deambulando por las calles?
