República Dominicana, enclavada en el centro del Caribe, con una extensión territorial de 48, 442 Km² y una población que ronda los 11 millones de habitantes, constituye un caso de estudio en lo que a generación de turistas y visitantes respecta.
En su condición insular y ante la indetenible dinámica del mundo actual, la aviación civil dominicana es un soporte vital para que el país pueda proyectar recibir alrededor de 12 millones de turistas y visitantes, lo que habrá de repercutir, de una manera significativa, en la marcha de nuestra pujante economía.
Cabe resaltar que la aviación civil es una actividad normada y regulada, de manera que siga siendo, además de regular, segura y eficiente. La Organización de Aviación Civil Internacional, compuesta por 193 Estados Soberanos e instituida en el llamado Convenio de Chicago, la cual es una agencia del Sistema de Naciones Unidas, tiene entre sus responsabilidades formular normas, procedimientos, políticas y guías, para su aplicación universal y uniforme, que fomenten una aviación segura, eficiente y sustentable en beneficio de los usuarios, pasajeros y el Medioambiente.
El Programa Universal de Auditoría de la Vigilancia de la Seguridad Operacional, USOAP, por sus siglas en inglés, constituye una importante herramienta para medir el desempeño de las diferentes administraciones de aviación civil en el cumplimiento de las normas y métodos recomendados contenidos en 17 de los 19 anexos al Convenio de Chicago, entre los que destacan Licencia al Personal, Reglamento del Aire, Operaciones, Aeronavegabilidad, Comunicación, Navegación y Vigilancia, así como Servicios de Tránsito Aéreo, Información Aeronáutica, Investigación de Accidentes e Incidentes, Aeródromo y Seguridad Operacional.
Esta necesaria introducción, indispensable para poner en contexto al amable lector, opinión pública y usuario de las necesidades, desafíos y retos de una actividad que experimentará, según estudios y proyecciones, un significativo crecimiento a nivel global, regional y nacional.
En adición del USOAP, algunos Estados, basados en el Convenio de Chicago y las respectivas legislaciones nacionales, así como en la necesaria vigilancia de la salvaguarda del sagrado interés de sus bienes y ciudadanos, han establecido programas paralelos para regular y certificar a operadores y autoridades de otras naciones, pudiéndose citar como ejemplos el tema de la Categoría 1 o 2, cumple o no cumple, de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos de América, bajo el Programa Internacional de Vigilancia de la Seguridad Operacional (IASA, por sus siglas en inglés), así como la llamada lista negra «Black List» de la EASA (European Union Safety Agency).
Como Estado Contratante, República Dominicana y su Autoridad de Aviación Civil, compuesta por varios entes, tiene ante si la impostergable tarea de evaluar, de una manera concienzuda y proactiva, el marco legal y regulatorio, los recursos humanos y tecnológicos, así como la infraestructura con los cuales hacer frente, de una manera armonizada, ágil, eficiente y, sobre todo, segura al previsible incremento de las operaciones aéreas, tanto de aerolíneas nacionales y foráneas, producto de grandes y pequeños operadores.
Nueva vez insistimos en la necesidad de la adopción de un Plan Maestro de Aviación Civil (CAMP, por sus siglas en inglés) que sea capaz de armonizar los diferentes intereses de los distintos actores del sistema de aviación (Autoridad de Aviación Civil, Prestadores de Servicios Aeroportuarios y de Navegación Aérea, Explotadores de Servicios Aéreos y otros usuarios y partes interesadas).
Por separado, en entregas futuras, iremos abordando, con mayor nivel de detalles, los siguientes objetivos estratégicos: Seguridad Operacional (Safety); Servicios de Navegación Aérea; Seguridad de la Aviación (AVSEC); Medioambiente y Economía del Transporte Aéreo. Un capítulo especial lo dedicaremos al área de formación de recursos humanos, eje transversal a toda la actividad y al programa de futura generación de profesionales de la aviación (NGAP, por sus siglas en inglés).
La mesa está servida, compete a los sectores público y privado actuar de manera proactiva y coordinada, bajo un esquema de toma de decisión en colaboración, basados en indicadores claves de desempeño, impulsar el referido PMAC. No hay espacio para la improvisación y se requiere un trabajo a tiempo completo de los mejores talentos con que cuentan cada una de las partes. ¡Manos a la obra!
