Santo Domingo. El presidente Luis Abinader envió en el Senado un nuevo proyecto de ley que busca modificar la actual ley de aviación civil para modernizarla e incluirle decenas de nuevas consecuencias para quienes cometan faltas en el ejercicio de la operación aérea.
La pieza legislativa incluye una regulación para los drones y sus manejadores, que, a partir de la promulgación de la ley, deberán contar con una licencia o certificado para utilizar estos dispositivos. Hasta la fecha, la regulación de los drones estaba dispuesta en normas del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), pero sin ninguna ley que regulara el tema.
El proyecto, que busca modificar la Ley 491-06 sobre Aviación Civil, establece que los operadores de drones deberán pagar desde RD$25,000 hasta RD$500,000 si cometen infracciones leves como no reportar por escrito una emergencia en pleno vuelo o no asegurarse de que haya energía suficiente para que el dron se mantenga en vuelo.
Mientras que, en otros tipos de infracciones, los operadores de drones podrían pagar una multa de hasta un millón de pesos si el dron obstruye o desvía el objetivo de cualquier inspección o investigación. También deberá pagar la millonaria multa si no cumple con cualquier requisito de mantenimiento de aeronavegabilidad declarado como obligatorio por el fabricante del equipo.
Asimismo, serán consideradas como infracciones la manipulación del dron con mando a distancia de dos personas a la vez; iniciar un vuelo sin designar previamente a un piloto; no asegurarse de que el dron no represente algún peligro para otras personas o aeronaves cercanas; operar un dron desde un vehículo en movimiento o manejarlo durante la noche sin previo permiso del IDAC.
Otras infracciones que podrían acarrear multas millonarias y hasta la cancelación del permiso para volar, según el proyecto de ley, son operar una nave con una visión que no sea ayudada por otro dispositivo, manejar un dron sobre una persona, conducirlo a más de 100 millas por hora y no ceder el paso a otras aeronaves.
Otro artículo de la pieza incluye multas por hasta tres millones de pesos si se cometen al menos 23 irregularidades contenidas en el proyecto y que incluyen manejar un dron en una zona prohibida, presentar un registro falso o fraudulento para demostrar el cumplimiento de los requisitos, falsificación de la tarjeta del dron, no poseer una licencia o certificado que habilite al operador como piloto y controlar el dron sin la supervisión directa de un piloto de mando a distancia.
Reglamentaciones
El nuevo régimen de multas y consecuencias no solo se limita a los drones y sus manejadores, sino que abarca otras áreas como los operadores aéreos, el personal de la Dirección de Navegación Aérea, la meteorología aeronáutica, operadores de aeródromos y los programas de entrenamiento o los instructores de vuelo.
Nueva ley
De acuerdo con las motivaciones que sustentan el proyecto, la República Dominicana tiene la necesidad de mantener actualizada la Ley de Aviación Civil a la par con las normas internacionales y con los métodos recomendados por la Organización de Aviación Civil Internacional.
«Hay aspectos de la ley 491-06 que, dado el tiempo transcurrido de su vigencia, ameritan su adecuación por los cambios acontecidos en el régimen legal para que así se puedan realizar bien las funciones de aviación atendiendo a criterios de racionalidad, coherencia, planificación y debido proceso», sostiene el proyecto.
El decreto para actualizar la legislación
El pasado 23 de marzo, el presidente Luis Abinader emitió el decreto 172-24, mediante el cual declaró de alta prioridad nacional la actualización continua del marco legal y normativo que regula la aviación civil en el país, resalta una historia publicada por el periódico Diario Libre.
La disposición instruyó al Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) a liderar la revisión y actualización de la Ley de Aviación Civil 491-06, del 22 de diciembre de 2006, a fin de adecuarla a los estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). En consecuencia, el IDAC debía presentar una propuesta al Poder Ejecutivo, para su evaluación y sometimiento al Congreso Nacional.
La ley establece que los servicios y operaciones de transporte aéreo generan un alto impacto económico y social.
