Con la ratificación de Granada entró en vigor el Acuerdo de Cooperación Regional en materia de Desastres Naturales, firmado por los 25 miembros de la Asociación de Estados del Caribe (AEC) en 1999 y que busca afrontar fenómenos como el cambio climático, que según un reporte presentado en la Cumbre Río+20 costará unos 100 mil millones de dólares anuales a los países caribeños y latinoamericanos.
El gobierno de Colombia, país depositario del Acuerdo, informó que el pasado 31 de marzo recibió el instrumento de ratificación de Granada, miembro de la AEC, con lo cual se alcanzó el mínimo de ratificaciones para que el Acuerdo de Cooperación Regional en materia de Desastres Naturales pueda entrar en vigor.
El acuerdo reconoce la vulnerabilidad de los Estados del Gran Caribe ante desastres naturales, y subraya las consecuencias adversas que los desastres naturales tienen en la salud y bienestar de la población, en la diversidad biológica, las economías y la infraestructura en la región.
También detalla un marco en la formulación, financiamiento y ejecución de los programas para atención y prevención de desastres en la región, formada mayormente por estados insulares, más vulnerables a fenómenos como el cambio climático.
En términos de cooperación en materia de turismo sustentable, prevención y manejo de desastres naturales, en noviembre de 2013 entró en vigor el Convenio para el Establecimiento de la Zona de Turismo Sustentable del Caribe.
Un estudio divulgado en 2012, a propósito de la Cumbre Río+20, señalaba que Latinoamérica y el Caribe deberán afrontar daños anuales del orden de los 100 mil millones de dólares hacia 2050 debido a eventos del calentamiento global.
El estudio, elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el World Wildlife Fund (WWF), indicaba que los países de Latinoamérica y el Caribe son especialmente vulnerables a los efectos de éste debido a su alta dependencia de los recursos naturales, una red de infraestructuras susceptible a eventos climáticos y a la presencia en la región de sitios o ecosistemas críticos como la cuenca del Amazonas, las formaciones coralinas en el Caribe, los humedales y frágiles ecosistemas montañosos.
Como ejemplo, se citaba que en el Caribe una pérdida del 50% en la cubierta de coral por el blanqueo de esos organismos costaría alrededor de 7 mil millones de dólares a las economías de la región.
Poco después, un reporte del Banco Mundial advirtió que la erosión y salinización de los suelos y las inundaciones costeras serán solo dos de las muchas consecuencias negativas que traerá el ascenso del nivel del mar, afectando zonas densamente pobladas y en las cuales se desarrolla el grueso de la actividad turística, clave para la economía de los países caribeños.
De acuerdo con los datos del BM, el 70% de la población caribeña vive en las costas. Prácticamente todas las ciudades principales del Caribe, en las cuales habitan millones de personas, están a menos de una milla o kilómetro y medio de distancia de la costa. En la lista se incluyen urbes como Puerto Príncipe, en Haití, y La Habana, en Cuba.
El reporte del BM advertía que la erosión costera por un aumento en el nivel del mar amenaza la industria turística. De hecho, esa realidad ya se vive en St Georges, Granada, Kingstown, San Vicente, Castries, Santa Lucía y, sobre todo, en Cane Field, Dominica, donde el aeropuerto se inunda constantemente.
La Asociación de Estados del Caribe está conformada por 25 estados: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago y Venezuela.
México será sede de la VI Cumbre de este organismo, que tendrá lugar en la ciudad de Mérida, Yucatán, los días 29 y 30 de abril del 2014.
