El gobernador del estado mexicano de Quintana Roo, donde se encuentran destinos turísticos populares como Cancún, Playa del Carmen, Tulum y Cozumel, presentó un proyecto de ley que propone la creación de un impuesto especial para los visitantes extranjeros.
Como se ha destacado en Infobae, la intención de Carlos Joaquín González es aumentar la capacidad de recaudación del organismo estatal después de un recorte presupuestario del gobierno federal y un aumento de los gastos para hacer frente a la pandemia de Covid-19.
En particular, quiere cobrar 217 pesos (10 dólares de los EE.UU.) por «el uso y la explotación de bienes de dominio público». También se estipula que los turistas tendrán que pagar por el acceso a las áreas naturales protegidas como la Laguna del Manatí, el Santuario del Manatí o el Parque de la Laguna Bacalar. Estas tarifas de acceso costarían entre 5 y 50 pesos (0,25 a 2,50 dólares americanos).
Marisol Vanegas Pérez, titular de la Secretaría de Turismo de Quintana Roo (Sectur), prevé que en 2021 se podrían recaudar entre 350 y 400 millones de pesos (17,5-20 dólares).
Críticas estrictas del sector turístico
La propuesta ha sido muy criticada por la mayoría de las asociaciones de turismo de la región. La Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres; la Asociación de Hoteles de Tulum, Riviera Maya, Cozumel y el sur de México; la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (Amav); el Consejo Coordinador Empresarial de Cancún, Riviera Maya y Chetumal; la Asociación de Mujeres Empresarias (Amexme) y la Asociación de Clubes de Vacaciones (Acluvaq), han emitido una declaración conjunta en la que expresan su rechazo.
Expresamos respetuosa pero enfáticamente nuestra posición en contra de la aplicación de cualquier tipo de impuesto o nuevo impuesto que tenga un impacto en el sector turístico y al mismo tiempo rechazamos el aumento de los impuestos existentes. Lo que se necesita urgentemente hoy en día son estímulos e incentivos para atraer e incrementar el turismo internacional y para garantizar la supervivencia de las empresas turísticas que ya están tremendamente afectadas. No hacerlo pone en riesgo la generación de empleos», dice la carta.