El presidente Luis Abinader invitó a los sectores nacionales a firmar un contrato de honor y voluntad en procura de convertir a la República Dominicana en uno de los países más productivos, competitivos y equitativos del mundo, con la meta inicial de estar a la vanguardia de Centroamérica para el año 2024.
Expresó su convicción de que a través del trabajo conjunto e incansable será posible alcanzar el sueño de que el país sea el más competitivo de América Latina en 2030 y uno de los veinte países más competitivos del mundo en 2040.
En este contexto, el Jefe de Estado presentó la Estrategia Nacional de Competitividad, que prevé una serie de reformas necesarias para el progreso del país y para reducir la burocracia que dificulta todo el proceso de promoción de las inversiones.
En cuanto a las barreras históricas a la inversión, el Presidente presentó la ley «Cero Burocracia».
«Les invito a soñar con un país mejor, pero también a construirlo estableciendo una ruta crítica con objetivos claros y ambiciosos y plazos precisos para su ejecución», sugirió.
Soñar, dijo, no significa esperar a que algo suceda, sino tener el valor de decidir que ahora es el momento de cambiar.
«Por eso les invito a firmar un tratado de honor y voluntad; un gran acuerdo para unir fuerzas y hacer realidad el sueño dominicano», dijo.
En los últimos cincuenta años, muchos países han conseguido superar una situación de estancamiento y resolver sus problemas estructurales con un ambicioso programa de reformas transversales.
En su planteamiento, señaló que no hay correlación entre el tamaño de un país y su éxito. Señaló que algunos países que han hecho grandes progresos económicos son grandes, como China y más recientemente India, otros son medianos, como Corea del Sur, Vietnam o incluso España, y también hay países pequeños, como Hong Kong, Singapur, los Emiratos Árabes Unidos o la vecina Costa Rica.
Pidió que el cambio comience con el ejemplo de la unidad, el consenso y el compromiso. «Tenemos que reconstruir la confianza y la credibilidad de los distintos actores de la sociedad para no tener que seguir buscando soluciones individuales a los problemas colectivos», subrayó.
Recordó que el 11 de noviembre de 2020 encomendó al Consejo Nacional de Competitividad la elaboración de esta Estrategia Nacional de Competitividad hacia el Sueño Dominicano.
Este proyecto, dijo, está alineado con la estrategia nacional de desarrollo y se basa en las ventajas competitivas del país.
«La estrategia que hoy presentamos no sólo pretende redefinir las políticas públicas y establecer las prioridades para la recuperación económica, sino que debe ser capaz de anticiparse a los retos que plantea la cuarta revolución industrial y la era postCOVID-19», subrayó.
Coste de los trámites
El Presidente Abinader citó que se revisaron 1.873 procedimientos en 53 instituciones, que cuestan a los dominicanos 264.000 millones de pesetas anuales, o el 5,5% del PIB.
De ellos, se priorizó la simplificación de 274 procedimientos, que representan el 60 % de estos costes, y se dividió en 10 objetivos principales específicos.
Subrayó que el país quería y necesitaba un Estado y una administración eficaces, acordes con la era tecnológica del siglo XXI y sus ritmos.
Nivel de vida
«Un cambio de esta magnitud elevaría significativamente el nivel de vida de todos los dominicanos y proporcionaría un mayor nivel de justicia y dignidad para todos», dijo.
Subrayó que esta aspiración se hará realidad si es aceptada como un compromiso por todos.
Es hora de mostrar al mundo la mejor versión de ser dominicano, dijo.
Estos esfuerzos incluyen a los niños, los jóvenes, las amas de casa, los estudiantes, los trabajadores agrícolas, los empresarios, los policías, los empresarios y los funcionarios.
Estuvieron presentes la vicepresidenta Raquel Peña, los presidentes del Senado de la República, Eduardo Estrella, y de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, así como el director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad, Peter Prazmowski.
También los ministros de Presidencia, Lisandro Macarrulla; de Administración de la Presidencia, José Ignacio Paliza; de Economía, Planificación y Desarrollo, Miguel Ceara Hatton; de Administraciones Públicas, Darío Castillo; de Trabajo, Luis Miguel de Camps; de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor -Ito- Bisonó; Franklin García Fermín, ministro de Educación Superior; Igor Rodríguez, viceministro de Administración; Sigmund Freund, director de Alianzas Público-Privadas, Pedro Quezada, director de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y la Comunicación, y Antoliano Peralta, asesor jurídico del Ejecutivo, por mencionar algunos.
