Santo Domingo. El presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), Diego José García, ha iniciado una investigación sobre los abogados que realizan embargos ilegales en hoteles de las zonas turísticas de las provincias La Altagracia, El Seibo y otros puntos del país, en detrimento del turismo dominicano.
Según ha advertido, si se demuestra que estos abogados están realizando embargos sin notificar a la otra parte y sin el auxilio de la fuerza pública serán sometidos al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados por violación al Código de Ética del profesional del derecho.
La Asociación de Hoteles de la Región Este denunció que son víctimas de “embargo-asaltos” que amenaza con barrer los atractivos que aún retiene el país como destino de inversión, y citan entre los hoteles afectados a: Bahía Príncipe, Ifa, Palladium, Occidental, NH, Moon Palace y Nouvelle Frontier y en que la mayoría de los casos aparece un abogado que se identifica como Luis Emilio Frías Tiburcio.
Diego José García explicó que entre las sanciones que se les podría aplicar a estos juristas por actuar de forma temeraria van desde la suspensión por cinco años o de manera definitiva del permiso para ejercer la profesión.
El presidente del CARD hizo un llamado a la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (ASONAHORES), la Asociación Dominicana de Empresas Turísticas Inmobiliarias (ADETI) y a la Asociación de Hoteles y Proyectos Turísticos para que depositen las pruebas que tienen de los abogados que realizan los denominados “embargos-asaltos”, para actuar de manera inmediata.
“También tenemos la información de que estos embargos son realizados por un grupo de personas sin la presencia de la fuerza pública lo que es ilegal. La denuncia de los hoteleros es alarmante”, dijo García, al resaltar que los hoteleros afirman que en lo que va de año se han realizado siete embargos de forma compulsiva y sin notificar a los demandados.
Según el abogado, “si estas acciones se están llevando a cabo así constituyen un acto
vandálico que no debemos permitir”.
Adelantó que las investigaciones del CARD han revelado, en su primera fase, que los abogados que están realizando embargos ilegales no pasan de cinco y que incluso algunos de ellos no son abogados, por lo que puede ser demandando por daños y perjuicios y ser sancionado hasta con prisión.
El presidente del CARD agregó que levanta mucha suspicacia que los embargos sean realizados en Higüey, provincia La Altagracia, pero los casos son conocidos en el Seibo, por lo que “hacemos un llamado a las autoridades competentes investigar la posible complicidad de jueces,
fiscales, alguaciles y policías en estos casos”.
Afirmó que el CARD se une a la Procuraduría General de la República y a la Suprema Corte de
Justicia en las investigaciones y “les solicitamos un intercambio de los resultados para frenar este tipo de acción ilegal y adoptar las medidas necesarias”.
