El touroperador TUI Travel PLC ha acordado este lunes mediante un acuerdo de conformidad en el Juzgado de Instrucción número 8 de Palma el pago de 50 millones de euros tras asumir la comisión de cinco delitos por fraude a la Hacienda Pública por los cuales se dejaron de abonar más de 29 millones de euros correspondientes al pago del Impuesto de Sociedades entre 2004 y 2008.
El touroperador TUI Travel PLC ha acordado este lunes mediante un acuerdo de conformidad en el Juzgado de Instrucción número 8 de Palma el pago de 50 millones de euros tras asumir la comisión de cinco delitos por fraude a la Hacienda Pública por los cuales se dejaron de abonar más de 29 millones de euros correspondientes al pago del Impuesto de Sociedades entre 2004 y 2008.
En concreto, este lunes se ha acordado una pena de multa que asciende a 36.000 euros con la atenuante muy cualificada de reparación del daño, hecho que se produce después de que el touroperador anunciase que pagarían los 29 millones defraudados, así como los intereses y la multa correspondientes (20 millones). Además, esta compañía no podrá realizar contratos con la Administración Pública durante nueve meses.
Así, el jefe de la Asesoría Jurídica de esta compañía ha asumido este lunes los cinco delitos de fraude a la Hacienda Pública por los que se defraudaron por el Impuesto de Sociedades de 2004, 7,1 millones de euros; por el de 2005, 4,8 millones; por el de 2006, 7,3 millones, por el de 2007, 8,4 millones y por el de 2008, 1,7 millones.
Desde TUI Travel, han señalado que tras la vista celebrada este lunes dan por cerrada «la revisión por parte de la administración tributaria española y la posterior investigación judicial» sobre dos operaciones realizadas por filiales españolas.
Según han manifestado, estas operaciones se realizaron después de que hubiesen obtenido «asesoramiento externo especializado», incluyendo la «confirmación» por parte de la administración tributaria del Reino Unido de que «las mismas cumplían con la legislación y prácticas fiscales del Reino Unido».
Así, han incidido en que consideran «la investigación como un asunto corporativo y este hecho se mantiene sin cambios» y han señalado que se decidió «alcanzar un acuerdo con las autoridades» y «provisionar» el «impacto económico del mismo de forma íntegra».
Cabe destacar que desde el grupo ya han depositado los casi 30 millones de euros del impuesto a pagar por las transacciones y que en el acuerdo se ha includio un pago adicional anticipado de 20 millones de euros en concepto de intereses y multas, que ya ha sido devengado.
