Si vemos hacia el futuro y echamos un vistazo a la aviación en el año 2050, nos surprenderemos con avances que cambiarán totalmente la experiencia de viajar. Los pasajeros se beneficiarán de soluciones tecnológicas y biométricas en los controles de seguridad, prácticamente invisibles. Además, el uso normalizado de la identidad digital en pasaportes y visas, hará que la aviación sea más segura, fluida y eficaz. Veremos aeropuertos sin colas, lobbys sin mostradores y viajeros relajados. Los aeropuertos serán centros logísticos eficientes y ciudades aeroportuarias interconectadas con las poblaciones aledañas.
Algunos aeropuertos vecinos ya se están acercando al futuro, preparándose para proveer a los viajeros facilidades y tecnología. Ya vemos aeropuertos con «migración invisible», modernos centros de control radar, sistemas avanzados de gestión del espacio aéreo, recepción automatizada de maletas, I-boarding, E-gates, con alta eficiencia energética y bajos niveles de contaminación.
En la región observan inversión y desarrollo continuo, porque entienden que la competitividad y el crecimiento del tráfico aéreo son determinantes para sus economías. Esos países tienen notables maestros en planos de inversión, que priorizan la seguridad aérea y el mantenimiento de infraestructura y equipos, facilitando el tránsito de pasajeros. Honduras, El Salvador, Costa Rica y Panamá han invertido más de US$1.500 millones en los últimos años, duplicando su capacidad.
La pregunta es: ¿Guatemala se está preparando para un futuro así? La región está avanzando y Guatemala sigue rezagada. Por no dar un paso hacia la participación del capital y la gestión privada, nuestro país se ha rezagado de la oportunidad de crecer. Me entusiasma ver que el nuevo gobierno está dando prioridad a la aviación, pero la tarea es enorme y breve.
Entonces ¿cómo elevar nuestra competitividad aeroportuaria? Debemos trabajar simultáneamente en cuatro ejes: la rectoría del Estado; el marco regulatorio; la gerencia y operaciona, y el financiamiento. Comenzamos estableciendo que el Estado debe mantener la rectoría sobre los aeropuertos y aeródromos, así como la responsabilidad sobre los servicios públicos que prestan. Esta facultad no debe ser transferible ni delegable, garantizando la seguridad aérea y eliminando cualquier práctica monopolística, promoviendo la competencia y transparencia.
El Estado debe ser responsable de un regulador aeronáutico fuerte, separado del operador de aeropuertos, para evitar conflictos de intereses. El operador debe tener responsabilidad exclusiva sobre la planificación, administración, operación, mantenimiento y desarrollo de los aeropuertos. Debe ser propietario de los activos y tener flujos financieros para ser una entidad valorada y sujeta a crédito. Debe desarrollar una política nacional de aviación civil, que garantice el futuro promisorio de la actividad y cumpla con los estándares internacionales de la OACI y las leyes internacionales. Debe establecer una política eficaz de cielos abiertos y abrir el Mundo Maya sin restricciones…
