Detrás de esta nueva normativa se esconde la necesidad apremiante de inyectar capitales a la economía cubana con el objetivo de generar ciclos de crecimiento virtuosos. Especialistas y fuentes gubernamentales han insistido en el imperativo de lograr entre 2.000 y 2.500 millones de dólares anuales en inversión extranjera directa (IED) para lograr la meta de un crecimiento anual del 7%. Sin embargo, economistas calculan que la IED en Cuba ronda hoy apenas unos pocos cientos de millones de dólares y que la economía debe crecer solo un 2,2%.
La normativa de 1995 focalizaba la IED sobre sectores muy selectos de la economía nacional -industria ligera, turismo, telecomunicaciones, etc.-, los cuales funcionaban como sectores amurallados, sin lograr encadenamientos económicos al interior y al exterior del país. Además, en las estructuras políticas primaba una mentalidad negativa hacia la IED, pues era percibida como “un mal necesario”.
El Gobierno cubano, con la nueva normativa, busca incorporar la IED como un componente estructural de la economía. Exceptuando las ramas de educación, salud y defensa, el resto de las áreas de la economía estarán abiertas a inversiones externas. A diferencia de 1995, ahora se podrá invertir en agricultura, infraestructura, azúcar, níquel, la renovación de edificios y en negocios de bienes raíces. Como incentivos, la nueva ley recorta a la mitad los impuestos sobre las utilidades, elimina el impuesto sobre el uso de mano de obra y ofrece una moratoria de ocho años para empezar a tributar sobre las ganancias. Igualmente, garantiza la libre transferencia al exterior de las utilidades en moneda libremente convertible y da la posibilidad a los inversores de disponer de sus acciones a favor del Estado cubano o de terceros, siempre que estos resulten aprobados por el Gobierno de la Isla.
Sin embargo, quedan en pie “cuellos de botella” que no dan solución a problemáticas presentes desde 1995. Si bien los emigrados cubanos pueden legalmente invertir en el país (ambas legislaciones lo refrendan: 1995 y 2014) todo parece indicar que no se promoverá gubernamentalmente. Otro asunto peliagudo es el referido a la contratación y pago de la fuerza de trabajo, que seguirá siendo mediante un agente externo que cumplimentará ambas funciones. No se permitirá pagar de manera directa a la fuerza de trabajo. Otro agravante de la nueva Ley es que prohíbe la IED en el floreciente sector privado de la Isla, el cual queda limitado de generar crecimiento y encadenamientos económicos con el sector estatal y a nivel internacional.
Aunque el sector turístico no fue mencionado durante el período extraordinario de sesiones de la Asamblea Nacional, la inversión extranjera ha constituido punto fundamental para desarrollar infraestructuras y estimular el flujo de viajeros hacia la Isla. Los capitales externos han logrado dotar de un fuerte dinamismo al sector turístico cubano en los últimos 20 años.
Hace apenas cuatro meses, José Reinaldo Daniel, director de negocios del Ministerio de Turismo (Mintur), comentó a la prensa que la inversión extranjera es clave para poder desarrollar la capacidad hotelera del país. Desde el Mintur se ha insistido en las oportunidades de negocios para crear empresas mixtas dedicadas a la construcción y operación de hoteles, desarrollo inmobiliario asociado a campos de golf, contratos de administración y comercialización, además de franquicias en el exterior.
En aquel entonces, diciembre de 2013, el directivo apuntó la disposición del Mintur de examinar intereses de inversión foránea en áreas que aún no están explotadas. Dijo que se busca inversión para la zona sur de las provincias de Cienfuegos, Sancti Spíritus (en la colonial ciudad de Trinidad), el norte de Camagüey (playa de Santa Lucía), Las Tunas y Holguín. Especificó que la modificación del Código Civil cubano permite el derecho de superficie por 99 años y a perpetuidad, lo que permite plenas garantías a los extranjeros que compren propiedades.
Cuba cuenta con 60.500 habitaciones hoteleras y para 2020 las autoridades prevén llegar a los 85.000. Los principales polos tendrán un destaque particular, como el balneario de Varadero (en el rango del 31% de todas las habitaciones), además de realce en La Habana, norte de Villa Clara, Jardines del Rey y Holguín. Cuba opera tres terminales de cruceros, siete marinas y 10 aeropuertos internacionales.
Como administración hotelera existen 62 contratos firmados con 17 gerencias extranjeras, de las que 13 son españolas, una canadiense, una jamaicana, otra portuguesa y una francesa, que abarcan 31.277 habitaciones. Al concluir 2013 se firmaron cinco nuevos convenios y la entrada de dos cadenas en planes de administración compartida de hoteles, incluida la NH que había salido de Cuba y regresó para operar el Hotel Capri, recién reinaugurado. Todo parece indicar que, lejos de aminorarla, la nueva normativa potenciará la IED a gran escala en el sector turístico nacional.
